Algo extraordinario ocurrió en Guatemala 15 meses después que Marta Raymundo, una mujer de 22 años procedente de ese país, fuera hallada muerta cerca de una carretera de Texas, en Estados Unidos.
En la mañana del 2 de agosto de 2022, policías y fiscales guatemaltecos con el apoyo de agencias del gobierno de EE.UU. arrestaron a 19 personas en varias operaciones sorpresivas en diferentes puntos del país centroamericano, incluida un área montañosa próxima a la frontera con México a donde llegaron protegidos por helicópteros.
Los detenidos eran sospechosos de integrar una organización de “coyotes” que introducía migrantes sin papeles en EE.UU. a través de México, cobrándoles cerca de US$10.000 a cada uno por la travesía terrestre.
Entre ellos había cuatro hombres requeridos por EE.UU. como miembros de esa organización criminal y como responsables de la muerte de Marta Raymundo, a quien llevaron por el desierto a Texas junto con otros migrantes sin papeles hasta que falleció en condiciones inhumanas. Las extradiciones de los cuatro guatemaltecos a EE.UU. en marzo del año pasado fueron calificadas como “históricas” por Washington, al ser las primeras hechas desde Guatemala por cargos de contrabando humano con resultado de muerte.
Todos ellos se declararon culpables en una corte de Texas y fueron sentenciados a penas de entre 10 y 30 años de prisión. Otros dos individuos también fueron arrestados y condenados en relación a este caso.
A lo largo de ese proceso, desde el apoyo a las autoridades guatemaltecas para arrestar a los sospechosos hasta su extradición y juicio, intervino un grupo especial de EE.UU. creado por el gobierno de Joe Biden para perseguir las redes de traslado clandestino de migrantes en Centroamérica y México.
Su nombre es Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA, por sus siglas en inglés) y su nueva misión es expandir sus labores hasta la frontera de Colombia y Panamá, por donde pasa un creciente flujo de migrantes desde Sudamérica a través de la selva del Darién hacia EE.UU.
“Hemos decidido que realmente necesitamos llevar esta lucha aún más al sur”, dice Jim Hepburn, codirector de la JTFA, a BBC Mundo.
Pero, ¿en qué consiste este grupo operativo y qué resultados ha tenido hasta ahora?
“Perseguir al mando”
Hepburn explica que la fuerza conjunta Alpha tiene su foco en organizaciones que operan al sur de la frontera de EE.UU. para introducir clandestinamente inmigrantes en el país.
“Nuestro objetivo es perseguir al mando, a los líderes de estas organizaciones”, asegura.
El grupo se formó en junio de 2021 para compaginar las investigaciones y acusaciones de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior de EE.UU. contra esas mafias, involucrando desde fiscales federales en el sur del país hasta agentes de la Patrulla Fronteriza, el FBI y la agencia antidrogas DEA.
Además, en coordinación con el Departamento de Estado, buscaron desde el inicio mejorar la coordinación con los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para desarticular redes de tráfico ilícito de migrantes.
La novedad fue que comenzaron a trabajar “bajo una unidad de propósito, desde la perspectiva de una organización que puede recopilar pruebas e inteligencia y orientar los casos para su enjuiciamiento”, dice Ian Hanna, el otro codirector de la JTFA y funcionario del Departamento de Justicia, al igual que Hepburn.
El grupo fue creado por EE.UU. en un momento en el que las detenciones de extranjeros en la frontera con México crecían hasta niveles nunca vistos en más de una década y la inmigración irregular se afianzaba como uno de los asuntos políticos más sensibles en Washington.
En sus primeros tres años de existencia, la JTFA logró más de 300 arrestos domésticos e internacionales, así como más de 240 condenas en EE.UU., de acuerdo a un reciente balance oficial.
Respecto a 2020, las acusaciones por tráfico ilícito de extranjeros en EE.UU. aumentaron cerca de 25%.
Los directores del grupo Alpha señalan que estos casos fueron en su mayoría contra líderes de organizaciones criminales y no contra migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente.
Algunos resultados atribuidos al trabajo de la JTFA han llamado la atención aparte de la extradición de los cuatro guatemaltecos acusados de la muerte de Marta Raymundo.
Otro ejemplo es el de la hondureña María Mendoza-Mendoza, también conocida como “La Patrona” o “La Güera”, quien recibió en mayo una sentencia de 10 años de prisión por contrabando humano tras ser extraditada a EE.UU. como cabecilla de una organización que introdujo cerca de un centenar de migrantes sin papeles desde su país, incluidos menores de edad sin acompañantes.
“La JTFA es un esfuerzo que vale la pena. Siempre es preferible perseguir al crimen organizado que se beneficia de los migrantes, que dedicar recursos a bloquear a personas que buscan protección o una vida mejor”, explica Adam Isacson, director para la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización que promueve los derechos humanos en el continente.
Isacson cree sin embargo que los resultados mostrados por la JTFA corresponden en su mayoría a “operadores de poca monta” en vez de líderes del tráfico de migrantes como se señala.
“Lo que me lleva a creer eso es la falta de detenciones y procesamientos de funcionarios gubernamentales y de agentes de seguridad corruptos, a lo largo de toda la ruta migratoria hacia Estados Unidos, desde al menos Ecuador hasta México”, dice Isacson a BBC Mundo. “Las grandes operaciones de contrabando (humano) dependen de las relaciones con funcionarios corruptos”.
El reto del Darién
La expansión del trabajo del grupo Aplha a Colombia y Panamá es una señal de la creciente importancia que Washington le otorga al Tapón del Darién que se encuentra entre los dos países latinoamericanos.
Cuando el nuevo presidente de Panamá, Raúl Mulino, asumió el cargo el lunes con la promesa de detener el pasaje de migrantes sin papeles por el Darién, EE.UU. anunció un acuerdo con el país para cubrir el costo de enviar a los detenidos de regreso a sus países de origen.
El Darién se ha vuelto desde hace tiempo un pasaje elegido por un creciente número de migrantes sudamericanos para entrar a Centroamérica rumbo a EE.UU., a menudo con la ayuda de guías contratados debido los peligros que acechan allí: desde la selva inhóspita hasta criminales de todo tipo.
“En los últimos años, hemos visto una enorme afluencia de migrantes de Colombia, Venezuela y Ecuador” en la frontera sur de EE.UU. y “la mayoría viajan a través del Tapón del Darién, un suceso reciente muy preocupante, no por la gente que viene sino por los peligros asociados a atravesar ese pedazo de tierra”, dice Hanna, el codirector de la JTFA.
Su colega Hepburn señala que la fuerza conjunta de EE.UU. buscará entablar con los gobiernos de Colombia y Panamá el mismo tipo de apoyo que logró con los países del Triángulo Norte centroamericano y México contra redes que lucran con el transporte de migrantes.
“Hay muchos grupos que se benefician del contrabando de personas en la zona”, sostiene. Y asegura que “el clan del Golfo desempeña un papel muy destacado en la región”.
El Departamento de Estado de EE.UU. ofreció recientemente distintas recompensas de hasta US$5 millones a quien aporte información sobre el negocio de traslado de migrantes por parte de esa organización criminal colombiana.
Sin embargo, los especialistas son cautelosos sobre los logros que pueda tener Washington en su nuevo reto en el Darién.
“Si esta misma dinámica de arrestos de contrabandistas de poca monta continúa en el Tapón del Darién, los únicos resultados serán contra individuos que los grupos criminales no tendrán problemas en reemplazar”, advierte Isacson.
Guadalupe Correa-Cabrera, una profesora de política y gobierno en la Universidad George Mason de EE.UU. experta en temas de tráfico humano, cree que el anuncio de la extensión de la JTFA al Darién “parece más bien una cuestión electoral”.
“Pareciera ser que todas las acciones que ha realizado el gobierno de EE.UU para desmantelar las redes de tráfico no han funcionado”, dice Correa-Cabrera a BBC Mundo. “Hay cada vez más personas de más países de todo el mundo entrando”.
“Se les da trabajo a los inmigrantes indocumentados en EE.UU. pero no existen vías legales para la migración de trabajo no calificado”, añade. “El sistema migratorio estadounidense está roto y no parece haber un esfuerzo para arreglarlo”.
