Los diputados comenzaron la dictaminación de las 20 iniciativas presidenciales recibidas el 5 de febrero, iniciaron por las de consenso y menos polémicas.
La oposición dio el ”sí” a un primer paquete de reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, para dar rango constitucional a programas sociales, mejorar condiciones de los trabajadores en materia de pensiones, salarios y vivienda.
Anoche la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con el voto opositor esos cuatro dictámenes, pero rechazó todas las reservas con las que diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) buscaron perfeccionar el marco legal.
Los cuatro dictámenes aprobados se remitieron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y con ello se avanzó en las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, más dos de cambios a leyes secundarias, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero pasado.
El voto casi unánime a favor de los cambios no durará mucho, pues las iniciativas más polémicas, como la de extinción de organismos autónomos o reforma judicial están pendientes. En conjunto se dejarán listos en la mesa directiva para que la 66 Legislatura que inicia en septiembre, los apruebe en el pleno camaral -ya con otra integración, e incluso posible mayoría calificada de Morena y aliados- en el último mes del mandato obradorista.
Por lo pronto en la comisión los primeros dictámenes que sí recibieron el respaldo de PAN, PRI y MC son estos:
Nueva reforma a pensiones
Cuando el presidente presentó esta iniciativa en febrero anunció que sería para que los trabajadores se retiraran con 100% de su salario.
La propuesta en realidad consistió en crear un fondo para que el gobierno pudiera complementar pensiones y garantizar que se fueran al retiro con el total de lo que ganaban al momento de pensionarse, pero siempre que ganaran máximo 16, 777 pesos, que es el salario promedio registrado en el IMSS.
El beneficio será para las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS y, las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE.
Sin embargo, dado que Morena y aliados no tienen hoy mayoría necesaria para reformar la Constitución en abril aprobaron los cambios pero vía legislación secundaria. Así el dictamen lo que haría es confirmar los cambios legales y elevarlos a nivel constitucional, con 38 votos de integrantes de Morena, aliados y opositores integrantes de la Comisión.
Sin embargo, a propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, vía reservas el dictamen cambió y se modificó el carácter de la pensión al incluir que será por vejez, y no por retiro.
La propuesta original indicaba que “toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa” y se modificó “una pensión por vejez justa”.
Además se eliminó la palabra “de retiro” y se sustituyó por “vejez” para establecer que las personas trabajadoras que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el IMSS y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, “tendrán derecho a que su pensión por vejez sea igual al último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS en los términos que establezca la ley”.
Otro cambio fue eliminar el artículo tercero transitorio que indicaba todas las fuentes de financiamiento y el quinto que establecía las reglas de creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Todo esto porque ya fue incluido –y está vigente- en la ley reformada en abril.
Salarios
Además se aprobó con 38 votos el dictamen para reformar el artículo 123 de la Constitución para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”.
Además se indica que el magisterio de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, “percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS”.
Un tercer elemento consiste en reformar la fracción XII del Apartado A del segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución “a fin de crear un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras”.
En esta discusión se rechazó la reserva presentada por la exmorenista, la diputada Susana Prieto, quien planteó que los salarios mínimos generales y profesionales quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Su propuesta quedó con 12 votos en favor 13 en contra y una abstención.
Tampoco prosperó la reserva del priísta Rubén Moreira, quien pidió que para ampliar los beneficiarios, que serían los que realicen labores de “tiempo completo”, se agregara el término de “jornada”, lo que permitiría incluir a otro tipo de maestros.
Estos serían los maestros de educación inicial, preescolar y primaria así como los rurales pues al incluir únicamente “docentes de tiempo completo” sólo aplica a maestros de secundaria.
Se rechazó también la reserva del emecista Mario Rodríguez, mismo que no se incluyera como referencia el monto de 16,777.68 que es el salario mensual promedio del IMSS pues justo lo que se propone es que sea variable y a la alza, “es un contrasentido si decimos que va a variar con el paso del tiempo”.
Jóvenes
Otra reforma casi de consenso fue incluir en el segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución el apoyo económico a jóvenes sin empleo, es decir elevar a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en un apoyo mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un año.
La reforma se avaló con 37 votos en pro y una abstención, en lo general y en lo particular con 38 votos y una abstención, con el rechazo de Morena a la reserva del PAN para la universalidad de ese programa social y una de Movimiento Ciudadano para proceder a una reforma fiscal.
Vivienda
El cuarto dictamen avalado fue la creación de un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras y establecer que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo “estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas cómodas e higiénica” y que están obligadas a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus personas trabajadoras.
Ese fondo establecerá un sistema de vivienda “con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora”, de acuerdo a lo avalado.
Además el Fondo Nacional podrá invertir sus recursos en la construcción de viviendas para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla; prevé la creación en ley de un organismo integrado por representantes del gobierno Federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administre los recursos del Fondo.
Por último se indica que basta que los trabajadores cumplan un año de cotización ante el Fondo para que puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
