El gobierno de Estados Unidos respondió el jueves a las disputadas elecciones en Venezuela realizadas en julio imponiendo sanciones a 16 aliados del presidente Nicolás Maduro, a los que acusa de obstruir la votación y de violaciones de derechos humanos.
Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos están el presidente del Tribunal Supremo, líderes de las fuerzas de seguridad y fiscales. La medida se toma días después de la salida al exilio de Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representó a los principales partidos opositores y quien dice haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio por amplio margen.
Las autoridades electorales de Venezuela declararon vencedor a Maduro hora después del cierre de las urnas, pero, a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, nunca publicaron el desglose de los escrutinios para respaldar su afirmación, bajo el argumento de que el sitio web del Consejo Nacional Electoral había sido hackeado. Para sorpresa de partidarios y opositores, González y la líder de la oposición María Corina Machado poco después anunciaron no sólo que su campaña había obtenido recuentos de votos de más de dos tercios de las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones, sino también que los habían publicado en línea para mostrarle al mundo que Maduro había perdido.
Las condenas globales a la falta de transparencia llevaron a Maduro a pedirle al Tribunal Supremo, dominado por fieles del partido oficialista, a realizar una auditoría de los resultados. El tribunal ratificó el triunfo de Maduro.
Expertos de Naciones Unidas y del Centro Carter, que observaron las elecciones a invitación del gobierno venezolano, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. Los expertos de la ONU no llegaron a validar la afirmación de victoria de la oposición, pero señalaron que los registros de votación de la facción publicados en línea parecen exhibir todas las características de seguridad originales.
“En vez de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes falsamente se declararon ganadores mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática, en un intento ilegítimo por aferrarse al poder a la fuerza”, afirmó en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. El Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visas contra aliados de Maduro que son acusados de entorpecer la votación y de reprimir al pueblo venezolano. El Departamento no nombró a tales individuos.
Se desconoce el efecto potencial de las sanciones individuales y las restricciones de visa anunciadas el jueves. Los leales a Maduro previamente castigados todavía desempeñan papeles clave en el gobierno de Venezuela, incluso como vicepresidente, fiscal general y ministro de Defensa.
Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo a los periodistas que Estados Unidos espera que el último anuncio “provoque una reflexión más profunda” entre los aliados de Maduro sobre hasta dónde llegarán para ayudarlo en su esfuerzo por permanecer en el poder. El funcionario habló bajo condición de anonimato en respeto a las reglas establecidas por el gobierno estadounidense. El Departamento del Tesoro ha penalizado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o pasados. El Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas que podrían ser sujetas a restricciones de visas, por acusaciones de corrupción, atentar contra la democracia o violar los derechos humanos de los venezolanos. En Caracas, el gobierno de Maduro rechazó en “los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegitimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado, demostrando una vez más, su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos”.
La medida es “un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar” a Maduro, indicó el escrito en alusión a la oposición venezolana.
Un comunicado conjunto de más de 50 países entregado el jueves en Naciones Unidas por el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, exhortó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a “publicar inmediatamente” las actas de escrutinio y “permitir la verificación imparcial de los resultados por observadores independientes para promover la credibilidad, la legitimidad y un proceso electoral transparente”.
Los firmantes, entre ellos Estados Unidos, España, Chile y Corea del Sur, también denunciaron las medidas de represión de las que se ha acusado al gobierno de Maduro después de las elecciones, incluyendo detenciones arbitrarias, tácticas de intimidación y asesinatos.
“Expresamos profunda preocupación por la orden de arresto por motivos políticos de las autoridades venezolanas” que fue emitida el 3 de septiembre contra González y “lo ha obligado a exiliarse”, según el comunicado.
González, en un comunicado publicado en X, intentó ratificar a los votantes su promesa de una transición gubernamental en Venezuela.
“Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable”, escribió. “El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable”.
